Luchando contra la corrupción en Puerto Rico
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El reto
Puerto Rico enfrenta un sistema de gobernanza debilitado por la corrupción, la opacidad en los procesos públicos y la exclusión de las comunidades en la toma de decisiones. Estas dinámicas han permitido la evasión contributiva, prácticas económicas extractivas y un uso ineficiente de los recursos públicos, exacerbando las desigualdades económicas y sociales, y dejando a las comunidades vulnerables ante las crisis económicas y climáticas.
La solución
Sembrando Sentido impulsa un enfoque integral que combina la recopilación y análisis de datos, el fortalecimiento de políticas públicas y la participación activa de las comunidades.
Desarrollamos herramientas para monitorear incentivos fiscales, el financiamiento político y las transacciones de alto riesgo, y abogando para evitar malas prácticas en la gestión pública.
Transparencia e investigación:
Evitando la desviación de recursos:
Diseñamos e implementamos cambios a las políticas que fortalezcan el marco legal, como leyes para proteger denunciantes, regular conflictos de interés y promover la rendición de cuentas en los contratistas gubernamentales.
Participación y acción social:
Facilitando espacios para fomentar mayor agencia colectiva sobre decisiones clave en la asignación y el uso de recursos públicos.
Impacto
Proyectos de ley desarrollados para fortalecer la rendición de cuentas de los contratistas, establecer un programa robusto de denuncias, obligar la restitución del triple de fondos perdidos por corrupción y aumentar la participación ciudadana en esfuerzos anticorrupción.
Remitidos a investigación y posible procesamiento por delitos económicos que implican el desvío de fondos públicos destinados a servicios esenciales, utilizándolos para intereses privados y en detrimento del bienestar colectivo.
¿Hacia dónde vamos?
Continuaremos fortaleciendo herramientas de monitoreo, facilitando que las comunidades actúen como fiscalizadores activos y promoviendo reformas legales esenciales. Además, planeamos:
Intensificar el uso de datos para evidenciar pérdidas económicas y sociales por corrupción y prácticas extractivas.
Desarrollar campañas educativas que integren a más ciudadanos en procesos de decisión y supervisión.
Expandir la colaboración con aliados estratégicos para avanzar cambios sistémicos en Puerto Rico.
